En allanamiento a comunidad Rucañancu

La madrugada de ayer viernes fue allanada por medio centenar de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) la Comunidad Juana Millahuel, del sector Rucañanco, en la ribera del Lago Lleu Lleu (VIII región). En el operativo fueron detenidos el lonko de la comunidad, Iván Llanquileo y su hermana, María LLanquileo, tras allanar la policía una supuesta "casa de seguridad". Fuentes cercanas a la comunidad, así como los Familiares de Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco-Malleco, denuncian que la policía colocó allí armamento de guerra -un fusil M-16 más su respectiva munición- para justificar el operativo.

Se informó que a la zona llegaron 3 buses llenos de efectivos de Carabineros, protegidos por escudos antimotines. También participaban camionetas institucionales y vehículos no identificados, posiblemente personal de inteligencia policial. Cabe destacar que la comunidad Juana Millahual es la más afectada por proyectos mineros que se iniciarán en la zona y se han manifestado en contra desde el año 2003. El empresario Jaime Troncoso Sáez pretende extraer escandio en Rucañanco, y por su parte, Leonardo Farkas Klein, de Minera Santa Bárbara, está a la espera de que se le concedan “pedimentos de explotación” sobre 70.000 hectáreas de la Cordillera de Nahuelbuta, en el sector oriente del lago Lleu Lleu, y en la zona de Carahue.

La zona donde están ocurriendo estos hechos es además, curiosamente, “Área de Desarrollo Indígena” de acuerdo a la legislación chilena actual. En ella no se deberían desarrollar proyectos que afecten su calidad ambiental y su idílico paisaje. Los detenidos en este operativo policial son hermanos de José Llanquileo, ex vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y quien cumple condena en la cárcel de Traiguén por el caso del incendio al fundo Poluco-Pidenco. María Llanquileo es jefa de hogar y madre de tres niños pequeños de 12, 5 y 1 año de edad. El lonko Iván Llanquileo (35 años), por su parte, tiene tres niños, la menor Relmu de 4 meses. El Ministerio Público lo responsabiliza del ataque a dos helicópteros forestales en abril de este año en Contulmo.
María Llanquileo aparecía con una orden pendiente de detención de la Corte de Apelaciones de Concepción, debido a un proceso de la antigua justicia que tendría relación con alguno de los atentados a la hacienda del empresario Osvaldo Carvajal. Tras ser notificada de dicho proceso en su contra, la comunera fue dejada en libertad. La fiscal regional Ximena Hassi, junto al fiscal Andrés Cruz, formalizó cargos en contra del lonko Llanquileo. Tras la audiencia, se decretó su prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción, por los 6 meses que dure la investigación judicial. La fiscal agregó que el dirigente arriesga entre 10 años y un día hasta 15 años de cárcel, por "tenencia de arma prohibida".
Hassi informó que además del fúsil M-16 se logró incautar 28 cartuchos de escopeta, 8 municiones del fusil, ácido sulfúrico, ácido muríatico, cuchillos encorvados, material político escrito, un comunicador robado al ex gobernador de Arauco, Néstor Matamala, y una bandera del país Vasco o Euskadi. Al respecto, María Llanquileo, declaró a su salida del Juzgado de Garantía de Cañete, que todas estas supuestas evidencias no eran más que un montaje en contra de la comunidad. "Nunca hemos tenido casa de seguridad, es toda una invención. Nosotros sólo trabajamos la tierra y defendimos nuestros derechos, nuesras tierras", señaló, mientras su hermano era trasladado a la cárcel penquista / (con aportes y foto de http://www.nodo50.org/azkintuwe/ago31_5.htm

Juicio relámpago el día del paro: condenaron a Héctor Llaitul de la CAM en Concepción

El 29 de Agosto, en el Juzgado de Garantía de Concepción (ubicado en el ex Regimiento Chacabuco), mientras en la zona y el país se desarrollaba el paro nacional convocado por la CUT, en un brevísimo juicio oral fue declarado culpable el dirigente de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, Héctor Llaitul Carrillanca, mapuche/huilliche. La sentencia de los jueces Adolfo Cisterna Pino, Ana María Hernández y Carmen Durán Vergara. se dará a conocer el próximo lunes 3 de septiembre. Al momento de su detención en esa ciudad el 22 de febrero de este año, Llaitul, actual vocero público de esa organización, portaba una pistola Taurus inscrita a su nombre. Los fiscales del ministerio público,Julio Contardo y Jorge Lorca, solicita una condena de cinco años y un día, por porte de arma sin el permiso correspondiente, pena considerada racista y discriminatoria por la defensa. El citado delito se castiga con penas de carácter remitido, es decir, libertad condicional con firmas periódicas. El abogado penquista Adolfo Montiel defiende a Llaitul en este juicio.

Familiares y amigos del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, comunero mapuche y licenciado en trabajo social (Universidad de Concepción) sostuvieron en declaración pública que el juicio “tiene como único objeto castigar al movimiento mapuche y sus justas reivindicaciones como pueblo, a través, del encarcelamiento de uno de los fundadores y dirigente histórico de la Coordinadora Arauco Malleco”. En los días previos, sectores estudiantiles desarrollaron movilizaciones de protesta en las afueras de la Universidad Técnica Federico Santa Maria de Concepción.

Sobre la detención de Llaitul, su esposa, Pamela Pezoa, en entrevista virtual con esta periodista expresó:
“El arma está inscrita desde hace años, y le pedí que la sacara de la casa por los niños, que estaban de vacaciones; para que se la guardara un amigo. Ese día Héctor iba a visitar a nuestros hijos Lautaro y Neyen, que estaban en la casa de mi mamá en Concepción. Los teléfonos estaban pinchados… Ellos también tenían seguimiento, y las señoras que los cuidaban mientras yo trabajaba, fueron amedrentadas y sobornadas. Una de ellas fue detenida por 7 horas en la comisaría de Cañete. Le preguntaban si los niños sabían donde estaba su padre, por lo que yo temía que algun dia los detuvieran. Lautaro cumplirá 13 anos el 30 de Agosto, en medio de este juicio; Ernesto tiene 11 años, también tenemos a Neyen de nueve y Pelentaru de apenas tres años. Además, cuando Victoria –que sólo es hija mía- cursaba tercero medio en un colegio de Concepción fue interceptada a la salida por desconocidos que le pidieron que se subiera a un auto. Ella se negó y varios compañeros se dieron cuenta de que algo le pasaba y se acercaron a ella”.

Pamela que vive con sus niños en Ranquilhue (Tirúa), sector lago Lleu/ Lleu –uno de los epicentros del conflicto mapuche- asistió al juicio con tres de sus hijos, y cuenta que Héctor “es amante de los deportes y la actividad física, juega basketbol desde su juventud, no fuma, ni toma, y lee muchísimo. Ha trabajado en la construcción en Santiago, o como recolector en la caleta de Butalelbu en Puerto Montt, y trabajador social en Purén”.

Diez meses de “prisión preventiva” Llaitul (39 años),
Trasladado a la capital penquista desde Angol con gran despliegue policial, cumplió ya casi seis de los diez meses de prisión preventiva dictaminados por la jueza de garantía de Nueva Imperial, Karina Rubio, quien lo formalizó por supuesta participación en el atentado incendiario a máquinas de Forestal Mininco ocurrido en Cholchol en diciembre de 2006. En ese juicio sólo cuenta con el defensor público Ricardo Cáceres. Sobre esta imputación, afirma Pamela Pezoa:

“La fiscalía de Nueva Imperial le acusa por el ataque incendiario en Cholchol, pero quien lo inculpa es Roberto Painemil Parra, una persona sin antecedentes policiales, respecto de quien tampoco está comprobado haya tenido alguna participación en ese hecho. Héctor no lo conoce para nada. Para este juicio sólo contamos con un defensor público. Según el testimonio entregado por el comunero Painemil a sus familiares y al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, él fue golpeado y amenazado por sujetos que no pudo identificar. En todas las causas anteriores Héctor ha sido absuelto. Están archivadas, solo en una cumplió una pena remitida, por el incendio a la Hacienda LLeu Lleu en enero de 2001.” Las circunstancias que rodean la detención de Painemil también son confusas ya que inicialmente él afirmó que fue detenido e interrogado por civiles que supone ligados a los empresarios forestales.

La cárcel de Angol
Luego de su detención Héctor Llaitul permaneció ilegalmente aislado en la enfermería de la cárcel de Temuco. Su demanda de traslado a la cárcel de Angol para poder ser visitado y acceder a un trato digno y un juicio justo, sólo fue concedida luego de una prolongada huelga de hambre, después de la cual el vocero se unió en mayo en ese recinto, a otros 4 presos políticos mapuche: Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Pedro Queipul y José Huenchunao (este último ex vocero de la Coordinadora, arrestado en enero de 2007 y sentenciado a 5 años por un ataque incendiario en Ercilla). La actuación del Estado chileno en las condenas de estos detenidos por el caso Poluco-Pidenco está siendo investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Defensa territorial
Hasta la fecha, los órganos policiales han sido efectivos en lograr la detención de dirigentes destacados de la radicalizada organización mapuche. José Llanquileo, sindicado por la inteligencia policial como su líder máximo, era el vocero oficial de la organización y ahora también está en prisión, en Traiguén. sin embargo en tribunales frecuentemente los fiscales no logran acreditar los delitos por los cuales se les persigue. Angélica Nancupil, pareja de Llanquileo, asumió la vocería de los presos políticos mapuche miembros de la Coordinadora Arauco Malleco.

A diferencia de otras organizaciones mapuche, la Coordinadora desarrolla su trabajo en forma autónoma, al margen de la institucionalidad y se opone a cualquier negociación con el gobierno en las actuales condiciones. Tampoco mantiene alianza alguna con otras organizaciones mapuche ni con partidos de izquierda y su dirección colectiva tiene carácter clandestino. “Nuestros esfuerzos se concentran en la defensa territorial y reconstrucción de nuestro pueblo, lo que, a su vez, permitirá crear las bases para generar una propuesta mayor, en definitiva, el proceso de liberación nacional mapuche”, sostiene su vocero “José Llanquilef”, en una entrevista publicada en agosto en su página web, www.nodo50.org/wef/tun .

Pese a los anuncios oficiales acerca de la nueva “pacificación” del territorio afectado por el denominado conflicto mapuche luego de la detención de los dirigentes de la Coordinadora, continúan en Arauco las movilizaciones relacionadas con la lucha por la recuperación de tierras usurpadas por las forestales. Es así como en julio, diez mapuche de la comunidad Chilcoco fueron formalizados en Arauco por “usurpación no violenta” del fundo Llico en manos de la Forestal Arauco. En Cañete, ese mismo mes se produjo la ocupación por la comunidad Antonio Nicuman de Treng Treng, del sector Huape-Antiquina, en manos de Forestal Mininco. Poco antes, la comunidad de Yeupeko (comuna de Vilcún) afirmó públicamente que continuaría su lucha por recuperar las tierras que reivindica, actual fundo Santa Margarita, y a su vez la comunidad del sector de Nalcahue reafirmó el ejercicio de control territorial sobre un área ancestral recuperada previamente.

Justicia y discriminación
Sin excepciones, la detención de comuneros en toda la zona mapuche está directamente vinculada con la lucha en defensa de sus territorios ancestrales. No hay hechos de sangre relacionados con estas demandas y acciones contra las empresas forestales, que la Presidenta Bachelet calificó en Ginebra como delitos comunes. La organización urbana “Meli Wixan Mapu” define como preso político a todo aquel mapuche “privado de libertad y/o en proceso, por su participación en acciones que apunten a la reconstrucción del pueblo-nación mapuche, entendiendo por tal los procesos de recuperación de tierras y/o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados, así como las movilizaciones que apunten a la reivindicación de los derechos políticos del pueblo mapuche”. En las cárceles de Angol, Victoria, Lebu, Concepción, Temuco y Traiguén y también en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, se encuentran más de 20 presos políticos mapuche, la mayoría juzgados bajo la legislación antiterrorista de tiempos de Pinochet, reclamada a dúo por gobierno y empresarios forestales.
¿Por qué los dirigentes mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco han optado por la clandestinidad en lugar de comparecer ante la justicia chilena en tiempos de democracia? Resulta oportuno analizar las medidas precautorias que se aplican a luchadores mapuche, las sentencias a las que se les condena, los allanamientos masivos y vejaciones a los que son sometidos comunidades como Temucuicui, Cherkenko, San Ramón, José Guiñón, Tricauco, Ailia Varela del sector Caillin (comuna de Ercilla) Hay evidente discriminación de los jueces frente a criminales responsables de delitos de lesa humanidad. Las condiciones de vida en el Penal Cordillera contrastan con los diez meses a la espera de juicio por Llaitul en la cárcel de Angol, o la condena efectiva a 500 días por daños a un tractor que Waikilaf Cadin –sin antecedentes anteriores- enfrenta en condiciones infrahumanas de aislamiento en la Cárcel de Alta Seguridad, sin derecho a biblioteca. La lonko Juana Calfunao Paillalef y su hermana Luisa permanecen actualmente en huelga de hambre en la Cárcel de Temuco, exigiendo el cese de los malos tratos y hostigamiento ejercidos por gendarmería y tratamiento médico adecuado al werken Antonio Cadin, entre otras demandas.
Entretanto la justicia ha dejado en libertad condicional a los ex carabineros Alex Ambler Hijonosa, Francisco Toledo Puente y Marcelo Muñoz Cifuentes, asesinos de los hermanos Vergara Toledo y a todos los oficiales convictos por la ejecución a mansalva de Jecar Neghme (el ex brigadier Enrique Leddy Araneda, jefe Metropolitano de la CNI, los altos ex oficiales Pedro Guzmán Olivares, Luis Sanhueza Ross, Jaime Norambuena Aguilar, Silvio Corsini y Manuel Allende Tello. Además, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema últimamente ha rebajado a la mitad “por irreprochable conducta anterior” penas que afectan entre otros, a criminales empedernidos de la DINA como el ex prófugo Raúl Iturriaga Neumann, y el ex detective Risiere Altez España, condenados por el secuestro y desaparición de los jóvenes socialistas Mario Carrasco Matus y Víctor Olea. Altez España, un torturador, cumplirá su mínima pena en libertad condicional.
El alto mando de las fuerzas policiales y la justicia dedican grandes recursos a la criminalización de la lucha mapuche en lugar de intensificar los medios requeridos para prevenir y castigar la violencia de género. En 2006, 51 chilenas fueron asesinadas en contextos de violencia intrafamiliar, mientras que en lo que va de 2007, ya murieron 47 mujeres (una por semana) por la misma causa según denunciaba un estudio de diversas organizaciones feministas en el Diario de la Sociedad Civil www.sociedad civil.cl. Las medidas cautelares y las penas aplicadas a estos criminales tampoco guardan relación con la gravedad de estos hechos.
Sin respuesta judicial
Las querellas y los recursos de amparo de los mapuche por torturas, incendios de rucas, interrogatorio a niños en la escuela Villa Chiguague de Ranquilco Bajo, detención ilegal o violencia innecesaria no prosperan en la justicia. En cambio las forestales cuentan con permanente protección policial, que en el caso del propietario del fundo Montenegro, René Urban Pagnard, colindante con la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, incluye un helicóptero, fuerzas especiales y vehículos policiales en forma permanente. Urban ha logrado que los miembros de la familia Huenchullán Cayul, sus vecinos más próximos, sean objeto de permanentes detenciones y amedrentamientos por la policía, cuando circulan por el camino público que separa ambos predios. Estos hechos han sido denunciados por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y documentados en terreno en septiembre de 2006 por una Misión de Observación de Derechos Humanos. En julio de 2006, la Corte de Apelaciones de Temuco había rechazado una denuncia de hostigamiento policial interpuesta por lo comuneros, argumentando que el informe de Carabineros sostenía que tal hostigamiento no existía, una respuesta idéntica a las dadas por tribunales en tiempos de dictadura.
Críticas desde el exterior
La vulneración de los derechos humanos del pueblo mapuche y la judicialización de sus luchas ha sido criticada en mayo pasado por Amnistía Internacional en su informe 2007 y el año 2006 lo fue por Rodolfo Stavenhagen, relator internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En marzo de este año, la reprimenda vino del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones y recomendaciones al quinto informe sobre derechos humanos en Chile. El Comité llamó al gobierno de Chile a realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven a una solución que respete los derechos sobre las tierras de las comunidade afectadas por la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, y para que estas sean reconocidas como tierras ancestrales. En varias oportunidades el gobierno ha recibido llamados de atención provenientes de la Comisión Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWIA); el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU; y la Federación Internacional de Derechos Humanos en América Latina. Todos ellos llaman al gobierno chileno a rectificar.
Inconsistencia oficial
El gobierno de la Presidenta Bachelet ha iniciado una ofensiva diplomática por un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2008-2012. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela tienen similares propósitos, pero sólo hay tres cargos para la región. Sin embargo la mandataria presta oídos sordos a las advertencias de los organismos internacionales de derechos humanos y a la activa campaña por la libertad de los presos políticos mapuche desarrollada por las organizaciones de ese pueblo originario en Europa y otras regiones.
Aunque Chile cuenta con una Ley Indígena que asegura el respeto a la cultura de los pueblos originarios, sus autoridades tradicionales son llevadas a juicio y condenadas frecuentemente. A fines de agosto, en conferencia de prensa los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, de la comuna de Traiguén, liberados este año luego de cumplir condenas de cinco años, mostraban su asombro por la indiferencia del gobierno ante los llamados de atención de las organizaciones internacionales de derechos humanos y particularmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunciaron que la entidad no obtuvo descargos oportunos del Estado chileno en la investigación iniciada a pedido de estos lonkos por irregularidades en su juicio.

En la más completa Impunidad “política y judicial” murió uno de los dueños de Chile – ANACLETO ANGELINI

Así analiza la noticia MapuExpress www.mapuexpress.net
Anacleto Angelini murió a la edad de 93 años, condenado por los movimientos sociales y concientes en Chile, pero impune por la “justicia estatal”.
Nació en Italia y se crió en la cuna de la ideología fascista.
-Saqueador del estado de Chile durante el gobierno Militar, del cual se seguía sirviendo hasta el presente, controlando su actual poder político, judicial y legislativo.
- Productor de miseria, desigualdad e injusticia social.
- Ecocida, etnocida e inescrupuloso.
- Corruptor de las redes políticas oficialistas y de oposición
- Uno de las más destacados empresarios en el mundo del Neoliberalismo salvaje e inhumano.
Destruyó la vida de miles de familias en Chile con la destrucción de ecosistemas, fuentes de vida, hábitat y culturas, como fue en el caso del río Cruces y mataquito con sus celulosas (Celco, Nueva Aldea).
Obtuvo el amparo y protección en sus negocios de celulosa de los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, quienes se sometieron a los intereses de Angelini, quienes incluso pretendían sacar los desechos tóxicos de la celulosa Celco al mar por el lado de Mehuín en la décima Región, lo que fue detenido por los pescadores artesanales.
Se expandió con más de 1.000.000 de hectáreas con plantaciones industriales de monocultivo forestal de especies exóticas de pino y eucaliptos con Forestal Arauco, generando sequías, erosiones, desmontes, contaminación con el uso de plaguicidas y enfrentando diversos conflictos territoriales por la usurpación de tierras al Pueblo Mapuche.
Saqueó al estado desde la dictadura Militar obteniendo empresas como COPEC, Celco, Arauco, obteniendo el máximo de ganancias durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Logró corromper la red política oficialista y de oposición de derecha reclutando a diversas personalidades del orden político, quienes cuidaron sus intereses desde “múltiples favores políticos” hasta la generación de leyes acomodadas a sus intereses e impidió la generación de otros sobre derechos de personas, pueblos y ciudadanía.
Nació en Ferrara, Italia, el 19 de enero de 1914. Fue el mayor de tres hermanos y heredó de su padre y de su abuelo el interés por el comercio.
A los 22 años llegó a Abisinia –actualmente Etiopía- región que recién había sido anexada a Italia por Mussolini. Ahí pasó la Segunda Guerra Mundial, en medio de la cuna ideológica del fascismo. Luego de la caída de Mussolini arrancó a Chile. Luego de años de comercio y saqueo, en 1994 Eduardo Frei le concedió la nacionalidad chilena.
El martes 28 de agosto de 2007, a los 93 años, Anacleto Angelini falleció en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.
ANGELINI, aunque ahora los “rastreros que sometiste” intenten limpiar tu imagen, los concientes tendrán que dar cuenta de tu verdadero legado de miserias.
Noticias Relacionadas:
Asesinan a trabajadores: Conflicto Forestal en Chile arroja una nueva víctima / En noviembre de 2002, en el marco de las reivindicaciones territoriales mapuche, fue asesinado Alex Lemún (17) por la policía. En mayo de 2005, muere Zenen Díaz Necul (17) en medio de una protesta en contra las forestales. Ahora, un trabajador forestal, Rodrigo Cisternas (26) fue asesinado por la policía mientras hacían cortes de ruta exigiendo mejoras a sus derechos y condiciones laborales. ¿Ahora vendrán las negociaciones? ¿Cuánto vale la vida de una persona?.www.mapuexpress.net/?act=news&id=1637 http://www.sociedadcivil.cl/nuevodiario/sitio/informaciones/reportaje.asp?Id=440
Modelo forestal chileno y Movimiento autónomo Mapuche: Las posiciones irreconciliables de un conflicto territorial / http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/modelo_forestal_chileno.html
Los criminales Angelini y Matte lideran el ranking de utilidades de grupos económicos / leer más: http://www.elquintoinfierno.cl/2007/05/15/los-criminales-angelini-y-matte-lideran-el-ranking-de-utilidades-de-grupos-economicos/
AUTOATENTADOS FORESTALES: ORGANIZACIONES EXIGEN QUE SE INVESTIGUEN / 20 organizaciones señalan que personas Mapuche acusadas de atentados incendiarios a empresas forestales y que están encarcelados podrían ser inocentes. / Exigen que se investiguen sucesos ocurridos durante 1999 al 2001 y piden el fin a los privilegios estatales en favor de las compañías / LEER MÁS: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=1199
http://www.forosocialaraucania.agra.cl/index3.htm
http://www.mapuche.info/lumaco/siglo000225.html
http://meli.mapuches.org/article.php3?id_article=296
Angelini, Lagos, el ducto y la maldita herencia - Por Alfredo Seguel / Los conflictos de interés y los tráficos de influencia en los desastres ambientales en Chile (y en el territorio mapuche) /LEER MÁS: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=177

En la Cámara votarán proyecto de prohibición de plaguicidas más peligrosos

El próximo martes 4 de septiembre la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que prohíbe el uso y venta de los plaguicidas más peligrosos usados en Chile, pertenecientes a las categorías que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como 1a y 1b por su toxicidad aguda en la salud humana y el ambiente. El voto favorable de la Comisión posibilitaría que por primera vez el Parlamento chileno en su conjunto, pueda analizar y votar en sala una iniciativa de trascendencia para sectores como las temporeras, vinculadas a la agroexportación.

La comisión escuchó las voces de partes afectadas e interesadas, entre ellas a Alicia Muñoz en representación de las mujeres campesinas e indígenas (ANAMURI) y a Elizabeth Maturana por los agricultores orgánicos (CIAL), como también a quienes han trabajado largamente el tema, como María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas Chile y Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. También concurrió Francisco Bahamonde, director del SAG, la entidad pública responsable del registro y control de estos productos. Académicos aportaron antecedentes respecto de las características y efectos de estos plaguicidas.

El proyecto de ley que busca la prohibición de estos plaguicidas (Boletín Nº 4877-01) fue presentado por los diputados Marco Enríquez-Ominami (PS, de la Comisión de Agricultura), Sergio Aguiló, René Alinco, Marcelo Díaz, Roberto León, Fulvio Rossi, Alejandro Sule y Eugenio Tuma, recogiendo la preocupación ciudadana por el tema.

Setenta venenos cuestionados
Desvirtuando argumentos sobre consecuencias negativas para los exportadores de productos agrícolas, la Alianza por la Calidad de Vida a la que pertenecen las citadas organizaciones sociales y ambientales, contextualizó la discusión, utilizando información oficial que indica que de los 924 productos comerciales registrados como plaguicidas en Chile, sólo 70 corresponden a los clasificados en las listas 1b y 1b. Por tanto, menos del 8 % del total disponible de productos comerciales sería afectado por el proyecto, que en cambio evitaría nuevas muertes por intoxicaciones y otros graves daños a la salud humana y al ambiente.

Los parlamentarios deberán considerar las estadísticas de la Red de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud detalladas en la Cámara por María Elena Rozas y Lucio Cuenca: el año 2005 hubo 19 muertos y 785 intoxicados por plaguicidas en Chile. De los 668 casos en que se logró identificar el plaguicida involucrado, 154 casos (un 23% del total) correspondieron a plaguicidas 1a y 1b. En las muertes ocurridas ese año –la mayoría suicidios- los plaguicidas involucrados clasificados como 1a y 1b son: metamidofos (97 casos, es el frasco de la foto de esta nota, metomil (24), aldicarb (14) carbofurano (7 casos). Otras sustancias químicas involucradas son el Paraquat, dimetoato, diazinon, coumafos y carbofuran. El 70% de los casos registrados correspondieron a suicidios y el resto fueron no intencionales y de carácter laboral.

Estudios científicos realizados en países como Brasil y Taiwán, muestran que la fácil disponibilidad de estos venenos con efectos depresores en el sistema nervioso, puede inducir al suicidio en población expuesta que está además sujeta a situaciones de alto riesgo y condiciones laborales adversas.

Transnacionales involucradas
En Chile, metamidofos es distribuido por la transnacional Bayer y se vende sin restricción alguna en formulaciones comerciales llamadas Tamaron y Baythroid. Por su parte, Dow y compañías relacionadas con esa corporación, comercializan Metomil con ese mismo nombre. Aldicarb es distribuido por Aventis Cropscience, bajo el nombre Temik. El uso y comercialización de Aldicarb quedó totalmente prohibido en la Unión Europea, a partir del 30 de julio de 2007 (directiva 91/414 de la Unión Europea). United Agriproducts Chile (UAP) vende Furadan, a base de carbofurano, también prohibido en la Unión Europea. Otras empresas que venden en Chile plaguicidas que contienen las sustancias químicas 1a y 1b son ANASAC, Makhteshim-Agan, Point International LTD (Inglaterra) y Makhteshim Chemicals Works Ltda. (Israel).

Alicia Muñoz y Lucio Cuenca enfatizaron que el uso adecuado o seguro de estos productos no es posible de garantizar por las condiciones culturales, sociales, económicas y ambientales imperantes en el país. La extrema dispersión y cantidad de los cultivos desarrollados en Chile imposibilita una real fiscalización, hecho reconocido públicamente desde hace años por el Servicio Agrícola y Ganadero así como por los fiscalizadores de los ministerios de Salud y Trabajo. Elizabeth Maturana basó buena parte de su exposición en la extendida consigna gubernamental de utilizar las “buenas prácticas agrícolas”, lo que implica dejar de utilizar estos productos.

Otras alternativas
La experta sostuvo que hay alternativas químicas menos dañinas para todos los plaguicidas de las categorías 1a y 1 b, los cuales también pueden ser reemplazados utilizando, entre otras prácticas agroecológicas, el manejo integrado de plagas y el control biológico, según demuestra un estudio realizado por FIA entre los años 1985 a 1995. Esa investigación concluyó que la mayoría de las plagas y enfermedades del campo chileno pueden ser controladas biológicamente. De esta forma, expresó Elizabeth Maturana, la actividad agroexportadora puede prescindir de este grupo de agroquímicos, como corresponde a la responsabilidad social empresarial requerida a este sector por un país cuya meta es convertirse en una potencia agroalimentaria mundial.
Normas en Unión Europea y Estados Unidos
María Elena Rozas y Lucio Cuenca expusieron las recomendaciones del Comité de Agricultura de la FAO, reunido en Roma del 25 al 28 de abril de 2007 y publicadas en el documento “Nueva Iniciativa para Reducir el Riesgo de los Plaguicidas” que recomienda a los países miembros el retiro de estos plaguicidas. Informaron asimismo que en los países con los que Chile ha firmado tratados de libre comercio, como Estados Unidos y la Unión Europea, estos plaguicidas están prohibidos o con plazos definidos de retirada. Lo mismo ocurre en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad a la que Chile aspira pertenecer. Se refirió también Rozas a las nuevas tendencias y regulaciones vigentes en los mercados internacionales, tales como las normas EurepGap, y el Reglamento USA que Chile, como país agroexportador debe acatar. Estas normas establecen claramente que en la protección vegetal se debe optar por alternativas de bajo impacto ambiental, dejando como último recurso el uso de plaguicidas menos tóxicos.

La aprobación del proyecto de prohibición de los plaguicidas más peligrosos y su paso a la discusión en la sala dependen ahora de la votación de los miembros de la comisión de agricultura, Ramón Farías (PPD) –que preside la instancia- José Barros, Marcelo Forni (ambos UDI), Pablo Galilea (RN), Juan Lobos (UDI), Rosaura Martínez (RN), Marco Antonio Núñez (PDD), José Pérez (PR), Alejandra Sepúlveda (DC), Alejandro Sule (PR), Eugenio Tuma (PPD) e Ignacio Urrutia (RN) y el propio Enríquez –Ominami. En proyectos ambientales, las votaciones suelen ser poco predecibles, y esta no es la excepción. Los diputados de oposición se mostraron inicialmente poco dispuestos a votar favorablemente, pero la información aportada por los sectores que apoyan el proyecto pudo hacer variar esa posición en varios de ellos.


Las organizaciones ambientales y sociales, especialmente la recientemente formada Coordinadora Campesina de Chile (integrada por ANAMURI, la Confederación Nacional Campesina Ranquil, la Confederación Nacional de Federaciones de Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile, la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Organización de Pequeños Productores Campesinos de Chile, y la Unión Obrera Campesina), aguardan con vivo interés el resultado de esta votación.

Respecto del escaso interés mostrado hasta ahora por los legisladores en estos asuntos que afectan la calidad de vida de los trabajadores rurales y otros sectores de trabajadores y consumidores, la dirigente de ANAMURI, recordó en la Cámara que el año 2000 la diputada Adriana Muñoz y otros parlamentarios presentaron una moción destinada a proteger a los trabajadores y a las comunidades de la utilización de agrotóxicos, la cual aún permanece estancada en el parlamento.

Faride Zerán: lo máximo en periodismo

Faride Zerán ganó el Premio nacional de periodismo. La Nación publicó hoy la nota que va a continuación:
Faride Zerán dedicó el premio a sus colegas periodistas asesinados por la dictadura, como José Carrasco, Augusto Carmona y Máximo Gedda, entre otros. Además prepara libros sobre su experiencia en TVN y sus entrevistas en la revista “Rocinante”.

Por decisión unánime, el jurado presidido por la ministra de Educación, Yasna Provoste; Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile; Juan Pablo Cárdenas, último en recibir el galardón el 2005; Juan Rock Tarud, rector de la Universidad de Talca, y Servet Martínez, presidente del Instituto de Chile, designó ayer el Premio Nacional de Periodismo 2007 a Zerán, que actualmente se desenvuelve como académica de la Universidad de Chile.
Homenaje a los caídos
"Estoy muy contenta, y como lo señalaron los miembros del jurado, es un reconocimiento a toda mi trayectoria en pos de la libertad de expresión, al pluralismo, de un periodismo ético con vocación pública. Estoy muy orgullosa", dijo la galardonada, que recibirá el monto de 14 millones de pesos por una sola vez, y una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM.
La periodista, escritora, académica y ex integrante del directorio de TVN dedicó el reconocimiento a sus colegas "que no alcanzaron a estar vivos y que sin dudas habrían sido muy coherentes en su trabajo periodístico por su compromiso. Se lo dediqué a Diana Aron, Máximo Gedda, Augusto Carmona, Luis Durán y José Carrasco que hoy día no están y hacen falta", expresó Zerán.
"Nuestra Premio Nacional de Periodismo 2007 es una profesional intachable, periodista de vocación y convicción, consistente y coherente en pensamiento y acción, plural, creativa y atenta al devenir de la comunidad nacional e internacional", sostuvo Yasna Provoste, ministra de Educación.
-El luchar por la libertad de expresión le ha traído más de alguna consecuencia indeseable, como su salida del directorio de TVN...
-Es cierto, pero siempre he sido una convencida de que en nuestro trabajo periodístico, la independencia y la tenacidad para defender esos principios, que para nosotros son intachables. Es muy importante, porque de alguna forma tú das señales a la ciudadanía que nosotros los periodistas tenemos un compromiso con las libertades públicas, con las libertades de expresión, con la transparencia, con la independencia y con la ética, y en ese sentido creo que más allá de los malos ratos que he pasado creo que vale la pena." Hasta aquí la nota de La Nación.

Yo le mandé este mensaje a Faride en la mañana: "Recibe mis más cálidas felicitaciones por el merecido premio. Sé que ya lo estás ocupando como tribuna para los acuciantes problemas de la libertad de expresión en Chile, que tú has vivido con la desaparición de Rocinante, entre otras experiencias creativas abortadas en nuestro país. Me alegra mucho que tengas este reconocimiento que gente de nuestra
generación sin duda sentirá como muy próximo. También es bueno por los jóvenes del Instituto de la Comunicación e Imagen, para contribuir a que tengan un referente como tú, ahora reconocido por un sector más amplio de la sociedad. Eso es quizás lo más importante de esta distinción, ya que refuerza el marco en que se desarrolla tu quehacer académico y de investigación. Va un abrazo fuerte de
Lucía

Iturriaga y dos jóvenes socialistas de los de antes

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo la condena de diez años y un día de presidio en contra del ex director de la DINA Manuel Contreras, y de cinco años para el ex prófugo Iturriaga Neuman, por los secuestros del estudiante Mario Carrasco Díaz (18 años, en la única foto que de él se conserva), uno de los 119 desaparecidos en la llamada Operación Colombo, y el obrero Víctor Olea Alegría (24 años al momento de su detención). Los dos militantes de la Juventud Socialista fueron apresados el 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente. La revista argentina Lea, había informado en su único número del 15 de julio de 1975 la supuesta muerte de “60 miristas” entre los que figuraba Mario Carrasco, en enfrentamientos con sus propios compañeros ocurridos en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia. La lista que armó la DINA para encubrir la desaparición de 119 miembros de la resistencia a la dictadura, fue reproducida por El Mercurio el 23 de julio de 1975.
La brigada Purén
El ex prófugo Raúl Iturriaga Neumann que cumplió un rol importante al mando de la sección exterior de la DINA y en la Operación Colombo, estaba además a cargo de la Brigada Purén de la DINA, encargada de la represión al Partido Socialista. A esta agrupación criminal pertenecían también los otros condenados a cinco años que se le unirán ahora en el penal de Punta Peuco: Gerardo Urrich González, ex mayor de Ejército, y Alejandro Molina Cisternas, suboficial de carabineros. Por su parte, Risierd Altez España, inspector de investigaciones (R) a cargo de los interrogatorios en la Venda Sexy, recibió una sanción de 3 años y un día. La sentencia original –aumentada por la Corte de Apelaciones- fue del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, en un fallo emitido el 6 de junio de 2005, pero quien investigó a fondo los hechos fue la jueza especial Raquel Lermanda, del Noveno Juzgado del Crimen, a partir del 2002. De bajo perfil, esta jueza cumplió una diligente labor cuando se iniciaba la investigación de los crímenes de la dictadura luego de décadas de impunidad.
Mario Sergio Carrasco Díaz estaba listo para irse a clases al Comercial N° 2, donde estudiaba, cuando agentes de la Brigada “Purén” de la DINA lo detuvieron en su casa del barrio Matta. Habían pasado sólo 5 días del primer aniversario del golpe de Estado y la represión se había acentuado. Un hombre joven, delgado, de regular estatura, que no tenía más de 30 años, llamó a la puerta en Pedro León Ugalde 1485, y a la mujer que lo atendió, le preguntó por el joven, presentándose como su amigo. La señora Aurea del Carmen Díaz Valdés, madre de Mario, pensó rápidamente que si llamaba a su hijo, él llegaría atrasado al Comercial. Sólo por eso le dijo que no estaba en casa. El sujeto insistió y ella sugirió que podía dejarle recado. En ese momento el supuesto amigo sacó algo semejante a una billetera y le mostró lo que a ella le pareció un disco, añadiendo que pertenecía al Servicio de Inteligencia. En seguida, se acercó otro hombre de la misma edad, que al parecer estaba en la calle junto a la muralla. Ambos vestían de civil, no mostraron armas, pero entraron en la casa de inmediato.
Los hombres iban acompañados de otros tres agentes y se movilizaban en una camioneta Station Wagon de color verde claro. Comenzaron el allanamiento y ordenaron a Mario acompañarlos. Tampoco dijeron a qué lugar lo llevarían.

El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, lo declaró sin militancia conocida. Sin embargo, posteriormente la investigación estableció que su arresto y posterior desaparición, se enmarcaban en un operativo planificado por la DINA con el objeto de desarticular una estructura del Partido Socialista de la 10ª Comuna, en la cual él participaba. Mario jamás pudo irse a sus clases del Comercial 2.

El golpe al PS
El primer detenido del grupo había sido Claudio Venegas, un estudiante de enseñanza media, que al igual que Mario, tenía 18 años. Eso ocurrió el 10 de septiembre. Al día siguiente cayeron presos Víctor Olea Alegría y Leonardo Rivas Balmaceda. El día 12 continuó la razzia con Juan Carlos González Sandoval y el 14, fueron detenidos Bernardo de Castro, Luis Olivares Toro, Agustín Holgado Bloch, Luis Ahumada y su cónyuge, que fue liberada el mismo día. El 16 apresaron a Mario Carrasco Díaz y el 23 de septiembre, a Juan Luis Tapia y al ciudadano español, avecindado en Chile, Helios Figuerola Pujol, quien debió entregarse al ser detenida su madre, Clara Pujol. El mismo 23, los agentes se apostaron a la espera en casa de Eduardo Aliste González, estudiante de enseñanza media, de 19 años. Cuando éste llegó, al día siguiente, también fue arrestado. De todos los detenidos en aquel operativo, los dos estudiantes, Mario y Claudio, así como el dibujante Bernardo de Castro, y sus compañeros Víctor Olea y Eduardo Aliste continúan desaparecidos. El resto recuperó su libertad en distintas fechas y casi todos fueron expulsados del país.

Los encausamientos del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y de Iturriaga Neuman como autores del secuestro de Víctor Olea y los restantes agentes fueron realizados por la jueza Raquel Lermanda. Olea estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención conocido como "Venda Sexy" (Irán con Los Platanos) y luego en el centro de incomunicados de Cuatro Alamos, desapareciendo en 1974. Con su investigación, la jueza completó la línea de mando de la Brigada Purén, encargada de la represión al Partido Socialista, y responsable del delito.

La Cruz Roja y Tres Alamos
El padre de Mario hizo inicialmente una denuncia en el 4º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, que luego amplió a querella por secuestro. En una de sus declaraciones al Tribunal, señaló: "La primera noticia que tuve de mi hijo fue por el padre de Juan Carlos González Sandoval, ya que este último, estaba detenido en Tres Alamos, y dijo a su padre que había visto allí a mi hijo".

El 11 de octubre de 1974, una Comisión de la Cruz Roja Internacional, visitó Tres Alamos. En esa oportunidad, la secretaria de la institución, Ximena Saavedra Cantillana, pudo ver, entre otros detenidos, a Mario, cuya salud se notaba quebrantada. Le relató este encuentro a Edrulfo Carrasco Carrasco, padre del joven, el día 7 de noviembre.

Más adelante declaró en el Tribunal al respecto: "Recuerdo haber atendido el 7 de noviembre del año pasado al señor que se menciona, por los datos que se me dan ahora..." "...no recuerdo qué fue lo que le dije en la oportunidad en que lo atendí el 7 de noviembre del año pasado, así es que no podría decir si lo que dice se lo informé de la manera como indica. En todo caso, hago presente al Tribunal que cuando damos información a las personas que nos van a preguntar por personas desaparecidas, ella la sacamos de una ficha que se tiene en la Cruz Roja, y lo hacemos por orden del jefe".

En un oficio enviado al Tribunal, el Comité de la Cruz Roja Internacional, bajo la firma del delegado Laurente Nicole, se expresa: "...en la visita efectuada el 11 de octubre de 1974, por los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al campamento de detenidos Tres Alamos, según informaciones dadas por algunos detenidos, el Sr. Carrasco Díaz se habría encontrado incomunicado en dicho campamento. Por lo anterior expuesto, el Sr. Carrasco Díaz no fue visitado por los delegados del CICR, en ningún campo de detenidos".

En septiembre de 1974 fueron detenidos y continúan desaparecidos los militantes socialistas Claudio Venegas (10 de septiembre) Eduardo Aliste González (23 de septiembre). Luis Armando Silva Silva (24 de septiembre), socialista, detenido en otras circunstancias, también permanece desaparecido.
Los detenidos Leonardo Rivas Balmaceda (11 de septiembre,) Juan Carlos González Sandoval (12 de septiembre), Luis Olivares Toro, Agustín Holgado y Luis Ahumada (14), sobrevivieron a la prisión y tortura. Sin duda al enterarse de las sentencias que enfrentan sus torturadores, regresarán al horror vivido tres décadas atrás, y se preguntarán por qué ellos sobrevivieron...

¿Suprema Impunidad? La Corte podría hacer buena letra extraditando a Fujimori

“La Corte Suprema chilena tendrá una oportunidad histórica para superar la impunidad en América Latina y en el mundo” sostuvo desde Perú el sociólogo peruano Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, a la espera de la decisión que adopten los jueces de la Segunda Sala Penal de este máximo tribunal, respecto de la extradición del ex dictador Alberto Fujimori. La Coalición para la Extradición del ex dictador integrada entre otros por Amnistía Internacional y la Coordinadora de Derechos Humanos de ese país, están expectantes aun medio de los difíciles momentos que vive la nación hermana debido al reciente terremoto.
El martes 21 de agosto la Corte Suprema chilena inicia la vista de la causa de extradición, escuchando los alegatos del abogado del Estado peruano el reputado penalista chileno Alfredo Etcheberry y de la defensa de Alberto Fujimori, asumida por el profesional Gabriel Zaliasnik. Tras la negativa a la extradición pronunciada el 11 de julio de 2007 por el juez Orlando Alvarez, fascinado por los argumentos de la defensa del dictador, el proceso entró a la recta final: la sentencia que emitirá en breve la Corte Suprema, será definitiva e inapelable.
Los familiares de las víctimas del caso La Cantuta, Gisella Ortiz y Raida Cóndor, viajaron a Chile para conocer directamente el resultado. El proceso de extradición se fundamenta en graves crímenes contra los derechos humanos y delitos de corrupción. Chile y Perú reconocen la Convención Americana de DDHH y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de ddhh. Perú invoca el Tratado de 1932 suscrito por Chile en 1936, además del derecho internacional de ddhh, porque las acciones son torturas y desaparición forzada.
A quince años de una masacre
Al cumplirse el pasado 17 de julio, quince años de los sucesos por los cuales es acusado Fujimori, los familiares de los estudiantes y profesores de la Universidad "La Cantuta" recordaron con un acto cultural y una misa en la iglesia limeña de La Recoleta, el aniversario del secuestro, desaparición y ejecución de sus familiares. “Chile: devuélvenos a Fujimori”, se leía en uno de los carteles de las masivas marchas de protesta contra la sentencia de primera instancia que negó la extradición del dictador.
La Corte Suprema tuvo a disposición 93 kilos de documentos que acreditan los delitos imputados al ex dictador, aportados por el Ministerio Público peruano, su Defensoría del Pueblo, la Comisión de Verdad, y organizaciones de ddhh de Perú, así como los fallos de la Corte Interamericana de DDHH en relación al caso de Barrios Altos.
El cuaderno Nº 15-05, se refiere a los casos “Barrios Altos-La Cantuta”, masacres ejecutadas por el grupo “Colina”, un escuadrón de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ejército, órgano controlada por Fujimori, en una relación comparable a la de Pinochet con la DINA. Las ejecuciones de vecinos y estudiantes, desaparición forzosa, incineración de restos y entierros en fosas clandestinas, en la legislación peruana constituyen homicidio calificado, lesiones graves y Desaparición Forzada. En la chilena, serían homicidio calificado, lesiones corporales y secuestro agravado. El juez que falló en contra de la extradición desechó todos esos argumentos, recurriendo a los criterios de la defensa de Fujimori, copiando textualmente sus fundamentos en el cuestionado fallo.

El modelo pinochetista
En su primera visita a Chile, realizada en marzo de 2006 al iniciarse la solicitud de extradición, Francisco Sobirón me decía, cuando lo entrevisté para Punto Final: “Comparando nuestras historias, es posible asimilar la figura de Fujimori a Pinochet, la de Vladimiro Montesinos, asesor del dictador, al ex general Manuel Contreras. El servicio de Inteligencia Nacional de Perú es como la DINA chilena, y la Operación Colombo y Caravana de la muerte son episodios represivos a nuestro juicio asimilables a La Cantuta, y Barrios Altos. El asesinato de Tucapel Jiménez es comparable al de Pedro Huillca Secretario General de la Confederación General de Trabajadores, ultimado en diciembre de 1992.Nosotros exigimos la extradición del prófugo para que rinda cuentas por estos crímenes de lesa humanidad. Como jefe de Estado, fue cúspide de la cadena de mando de una estructura de operaciones encubiertas; condujo violaciones graves y sistemáticas a los ddhh en los años de régimen autoritario y dictatorial que ejerció en el Perú junto con Vladimiro Montesinos.”.
Sobirón recordaba entonces que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue impulsora de la creación de la Comisión de Verdad cuando se produjo el colapso del régimen de Fujimori, por lo que se consideran herederos de ese trabajo, para continuar exigiendo verdad, justicia y reparación.
En Perú en 1995 se promulgó una ley de amnistía, que fue desestimada por la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, y en septiembre del 2001, ese tribunal internacional reafirmó que carecía de efectos jurídicos. Forzada por esa decisión del derecho internacional en materia de derechos humanos, el 2005 la Fiscalía peruana instruyó la apertura de las investigaciones cerradas por la aplicación de la ley de amnistía.

Masacre del Pedagógico limeño
Andrea Ortiz es sobreviviente de esa operación represiva, ya que también ella estudiaba en la Universidad Enrique Guzmán Valle, “La Cantuta”, un pedagógico con alrededor de 3000 estudiantes, ubicado en las afueras de Lima. Así recordó ella esos días: “Los hechos ocurrieron el 18 julio 1992, con la universidad intervenida, quemas de libros, y. control militar total, incluidos los ingresos. Estaban prohibidos los eventos culturales, y organizaciones de estudiantes. Esa madrugada el grupo Colina secuestró a 7 estudiantes varones, a dos mujeres y un profesor, En julio de 1993 se encontraron unas fosas en Cieneguilla, fuera de Lima. Los desaparecidos fueron quemados en los hornos del Servicio de Inteligencia del Ejército y luego enterrados.”
Reveló también Andrea la forma en que se descubrió el cadáver de su hermano Enrique Ortiz Perea:
“Dos recicladores de basura vieron ingresar personas con cajas de cartón a la quebrada de Cienaguillas y lo denunciaron a un medio de comunicación. Se hicieron los exámenes de ADN y también se hallaron en las fosas dos juegos de llaves de los estudiantes. Se encontró allí el cadáver de mi hermano, Enrique Ortiz Perea, estudiante de Cultura Física y Deporte. Esta evidencia mostró la forma cruel en que actuaba este escuadrón de la muerte”.
Acusación de un ex general
Fujimori se encuentra en Chile desde noviembre de 2005, cuando llegó en un vuelo privado desde Tokio, Japón, país en que se refugió luego huir de Perú el 2000. Permanece bajo arresto domiciliario en Chicureo mientras se resuelve la extradición. Siguiendo las pautas de trato para victimarios de derechos humanos VIP, Fujimori espera el fallo judicial en una parcela de Chicureo, ubicada al norte de Santiago en la que, como sus vecinos, puede distraerse jugando en alguna de las canchas de golf, o utilizando la piscina temperada y el spa del que disponen “gente como él” o con sus recursos financieros. Hasta ahora el ex dictador nunca ha enfrentado la justicia, pero sí hubo denuncias anteriores contra él. La primera fue formulada por el ex general Rodolfo Robles Espinoza, siendo comandante de la Escuela de Instrucción del Ejército (COINDE) y tercer hombre en la jerarquía del Ejército peruano. El ex oficial ha declarado que por la forma que se manejaban las Fuerzas Armadas en esa época, todo acto como el de La Cantuta, tuvo que ser conocido y aceptado por Alberto Fujimori. Robles Espinoza fue llamado a retiro, detenido y luego debió asilarse en Argentina, reiterando en 1994 sus planteamientos ante la Comisión Interamericana de DDHH. Este organismo obligó al Estado peruano a reparar el daño infringido por la destitución del oficial, con una ceremonia de desagravio en la Comandancia General del Ejército, y una reparación económica. Acusaciones similares han formulado también otros seis comandantes generales del ejército.
Por los crímenes citados, hay 57 procesados. Entre ellos Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, Nicolás de Valle Hermoso, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y otros generales y oficiales. Los dos años de funcionamiento de la Comisión de Verdad, con más de 28 audiencias públicas donde sobrevivientes y familiares de las víctimas daban su testimonio, ayudaron a mantener vivo en la opinión pública los crímenes ya descritos. Cuando se conocían los nombres de los perpetradores, se denunciaban en esas audiencias, pero en otros casos no se sabían.
La decisión de la Corte Suprema revelará si este tribunal ha incorporado realmente el respeto a la doctrina internacional de derechos humanos y a los pactos firmados por Chile, o si fallará apelando a criterios y subterfugios como los que permitieron al dictador chileno morir sin una sola sentencia que rompiera la impunidad de la que gozó en vida.
Espero de todo corazón que el símil que hizo Francisco Soberón entre Pinochet y Fujimori no se complete con una sentencia que también lo deje impune.
Perú vive momentos de dolor que me conmueven. Ojalá la Suprema pudiera entregarles a algunos un destello en la mirada, una sonrisa de alivio con una sentencia faorable a la extradición. Su fortuna también lo hace similar a Pinochet, corrupto y asesino.El estallido social del que nos hablan, la pobreza y las condiciones actuales de la sociedad peruana también tienen que ver con la herencia de Fujimori.

La memoria y el cumpleaños del MIR

Ayer estuve en el lanzamiento de "El vuelo de una mariposa. Una historia de amor en el MIR", de Eva Palominos Rojas (Editorial Escaparate). Conocí a Eva en París el 2005, pero ya éramos amigas virtuales desde que ella supo que yo estaba escribiendo sobre su hermano Luis Jaime, uno los 119 desaparecidos en la Operación Colombo. Hoy es el aniversario de la fundación del MIR (15 de agosto de 1965). El MIR de los 70 que mujeres como la autora de esa obra, ex presa política o yo misma conocimos, ya no existe como tal. Pero lo extraordinario es que está presente de una y mil maneras en el Chile de hoy. Y no me refiero a las orgánicas que tienen hoy esa denominación sino a algo que es como una suerte de "desierto florido" en que las flores son peculiares y aparecen de pronto, sin aviso, no están siempre pero surgen como de la nada para maravillarnos, para asombrarnos y alentarnos. Por ejemplo, son flores de justicia, como las primeras condenas a Contreras y sus secuaces, que fueron por la desaparición de nuestros compañeros,y se lograron por la lucha y valentía de sus familiares y de los ex presos políticos miristas. Y los procesos siguen, y vuelven también los acallados nombres de nuestros compañeros para encerrar ahora la voz y el cuerpo de sus torturadores. El desierto florido surge también en esos encuentros con iniciativas sociales, ambientales, de terapias alternativas, culturales o de la memoria en que a poco andar descubro que entre los impulsores están ex miristas o hijos/hijas de ex miristas...
Cuando volví a Chile el 93 después de seis años de exilio argentino, parecía que a nadie le importaba nada lo que había ocurrido del 73 en adelante y el olvido era la regla. Nadie preguntaba nada acerca de qué habíamos hecho en dictadura y algunos en mi familia preferían creer/decir que yo había vivido desde el golpe en el exilio. La lucha y la vida clandestina no eran tema para la inmens mayoría de los chilenos.
Yo comencé a vivir por primera vez en una casa estable y a hacer un jardín en el patio, en que nunca había habido nada. Me costó mucho y creo fue parte importante de la terapia: sacar las piedras...y luego ponerlas porque después aprendí que también había que dejar piedras. Respetar algunas plantas silvestres que eran las propias del lugar -porque igual volvían a aparecer - y buscar otras que se adaptaran a ese espacio. Y me fui dando cuenta lo lento que era el proceso de preparar la tierra y esperar que creciera y floreciera lo sembrado. Hoy tenemos una patagua y un maitén ya de tamaño respetable, y un canelo, cierto que un poco desarraigado.
Pienso que con la memoria del MIR sucede algo parecido. Lo que hicieron nuestros compañeros del MIR está todavía en su mayor parte enterrado como semilla en esta tierra pedregosa que es Chile y en su inconsciente colectivo. En Argentina en un solo año se puede cosechar tres veces, por la humedad, por el tipo de tierra, en fin. Aquí no. Pasarán los años, muchos años, y otras generaciones serán las que puedan valorar el aporte del MIR a la construcción de esta sociedad, y la historia de amor del MIR con Chile que escribió Eva Palominos echando mano a su historia personal pero también usándola como una metáfora de lo que vivimos colectivamente.
No sé por qué tituló así a su libro, que aún estoy leyendo, pero sí me acuerdo de la frase sobre la mariposa y lo que puede pasar si una sola mariposa es aniquilada y se rompe la cadena de los acontecimientos más allá de los mares y los territorios, porque todo tiene que ver con todo. (Encontré la cita: The fluttering of a butterfly's wings can effect climate changes on the other side of the planet. ~Paul Erlich. El vuelo de las alas de una mariposa puede generar cambios climáticos al otro lado del planeta.)
Me identifico con ese título y con ese nombre, más allà de que en la obra haya otras interpretaciones que no comparta totalmente.
Hoy encontré en un periódico electrónico del sur www.tiroalblanco.cl, un sorprendente artículo del cientista social Marco Soto -a quien no conozco- sobre los 42 años del MIR. Y copio un párrafo ad hoc:
"El Mirismo se ha fragmentado como una granada incrustada en la realidad nacional, penetrando el tejido en distintos formatos y realidades. Nadie puede desconocer que pese a las contingencias y los tiempos, proyecta una continuidad histórica desde una memoria social que lo reclama..."
Este sábado en SANFIC 2007 Festival de Cine Documental (Cine Hoyts) se estrena "Calle Santa Fe", la película de Carmen Castillo que también habla desde el amor. El viernes, no sé en qué horario, se estrena "Alamar", de Macarena Aguiló, sobre la vida en Cuba de los hijos e hijas de compañeros del retorno MIR a Chile, acogidos por la revolución cubana y criados por "padres sociales" en una experiencia inédita y compleja de la cual ella (hija de Hernán Aguiló, ex dirigente del MIR y de Margarita Marchi)fue protagonista.

No hay seres humanos ilegales

Copio un mensaje del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, al pueblo belga, a propósito de la detención en el país europeo de una madre ecuatoriana con su pequeña hija de once años.
"Qué pena que Bélgica haya cometido estos abusos. Si el Presidente Chávez, si Evo Morales, si Fidel Castro, si quien les habla, metemos tres días presa a una madre extranjera con su hija de 11 años nos dirían de todo: dictadores, sanguinarios, cavernícolas... Bélgica metió un mes presa a nuestra compañera Ana Cajamarca y a su hija Angélica de 11 años. Qué barbaridad". PRESIDENTE RAFAEL CORREA, SAN GABRIEL, CARCHI ECUADOR, 4/08/2007.
San Gabriel, 4/07/2007.- El Presidente de la República, Rafael Correa, lamentó hoy la reclusión durante un mes en Bélgica de la ecuatoriana Ana Cajamarca y su hija Angélica, de 11 años de edad, y afirmó que si los ciudadanos belgas se ven obligados algún día a tener que abandonar su patria, será recibidos en el Ecuador "con los brazos abiertos" porque el Gobierno considera que "no hay seres humanos ilegales".

El Jefe del Estado, durante la cadena radial de los sábados, calificó como "barbaridad" la actuación de las autoridades belgas en este caso y realizó un llamado para que ningún ecuatoriano o ecuatoriana tenga que marcharse del país.

"Apúremonos y venzamos el 30 de septiembre para construir una patria donde nadie más tenga que salir y los que un día salieron puedan regresar, para evitar estas humillaciones de nuestros compatriotas en el extranjero", afirmó.

El Mandatario también manifestó que uan intervención como la belga hubiera suscitado un grave escándalo internacional si se hubiera registrado en América del Sur.

"Qué pena que Bélgica haya cometido estos abusos. Si el Presidente Chávez, si Evo Morales, si Fidel Castro, si quien les habla, metemos tres días presa a una madre extranjera con su hija de 11 años nos dirían de todo: dictadores, sanguinarios, cavernícolas... Bélgica metió un mes presa a nuestra compañera Ana Cajamarca y a su hija Angélica de 11 años. Qué barbaridad".

"Quiero decirle a Bélgica, ese pueblo belga al que tanto quiero -mi esposa es de allá y mis hijos tienen doble nacionalidad, la considero mi segunda patria-, a este ministro que dijo que, si los ecuatorianos estuvieran tan maltratados en Bélgica por qué todos se quieren quedar, ojalá algún día, por todo el abuso que hayan hecho de su naturaleza, no tengan una lluvia ácida o una catástrofe naturales que los obligue a salir.

En todo caso, si algún día ustedes, compañeros belgas, se ven obligados a salir de su propia patria tengan la seguridad de que aquí, en Ecuador, serán recibidos como hermanos, porque nosotros consieramos que no hay seres humanos ilegales y siempre tendremos los brazos abiertos".

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Tribunal Constitucional definirá si en Chile se aplicarán normas del derecho penal abierto propias del régimen nazi

La resolución que el Tribunal Constitucional adoptará el próximo 7 de agosto en Santiago sobre un recurso de inaplicabilidad de la acusación de desacato mapuche planteada por los fiscales del Ministerio Público Sergio Moya Domke y Cristian Paredes, será un indicativo de cuán lejos – o cerca- está la libertad para la lonko Juana Calfunao, su marido, el werken (mensajero) Antonio Cadin, sus hijos Jorge y Carolina Landeros y otros siete mapuche. Todos están acusados en este proceso por incidentes en el tribunal de Temuco en noviembre de 2006. Por primera vez el Tribunal Constitucional deberá fallar un recurso interpuesto por comuneros indígenas que apela a los principios de legalidad y tipicidad, sosteniendo que la ley no incluye a los fiscales entre las autoridades públicas, por tanto no se puede acusar a los mapuche de desacato a la autoridad, delito castigado con penas de 5 años y no excarcelable.

El recurso del abogado Lorenzo Morales Cortés es presentado en nombre de la comunidad Juan Paillalef, ubicada en la comuna de Cunco, Novena Región por Mercedes Paillalef Moraga, madre de la lonko acusada, y Carolina Landeros Calfunao, hija de Juana. La comunidad ha protagonizado una tenaz lucha en defensa de su territorio con el Ministerio de Obras Públicas y Frontel, la empresa eléctrica de la zona. Además, la familia responsabiliza a latifundistas locales por la formación de grupos paramilitares que han incendiado en tres oportunidades la casa habitación de Juana Calfunao.

Derecho penal nazi
El desconocimiento del citado principio de legalidad, plantea el escrito, significa aceptar el uso de tipos penales “abiertos” propios del derecho penal nazi, los cuales se caracterizan por no definir con precisión qué conductas se considerarán delito, quedando librado al criterio del juez establecerlo. Por ello, solicita al alto tribunal dirimir la interpretación de la Constitución, haciendo valer el artículo 19 de la carta fundamental, que establece que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.


Los principios de “legalidad” y “tipicidad” citados en el recurso de inaplicabilidad, se refieren, en primer término, a que un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley previa a ese comportamiento punible. En el escrito se señala que si un juez crea delitos “se transformaría en legislador y el ciudadano quedaría totalmente inerme frente al poder”. El principio de tipicidad, por otra parte, establece que toda ley que establece penas debe describir en forma precisa, clara y patente las conductas sancionadas.

A comienzos de julio de 2007, Juana Calfunao y Antonio Cadin fueron absueltos en un juicio oral de los cargos más graves imputados en un proceso originado en abril de 2006 por un bloqueo del camino ubicado entre la localidad de Los Laureles y Pucón. Se les condenó a pagar $600.000 por daños en perjuicio del dueño de un tractor averiado en la protesta, más las costas del juicio. El tribunal consideró pagado el dinero con el abono de cien días de los siete meses que pasaron en prisión preventiva. Pero no pudieron salir en libertad pues aun esperan en la cárcel la realización de este nuevo juicio oral, por los incidentes originados en noviembre de 2006, mientras se realizaba el juicio simplificado en por otro bloqueo de camino. En esa oportunidad la lonko Calfunao trató de “racistas” a los fiscales Luis Torres Contreras y Mauricio Torres Gutiérrez. En diciembre, la lonko entregaba su versión de los hechos a su hijo Waikilaf Cadin, recluido en Santiago en la Cárcel de Alta Seguridad: “En mi juicio estaba todo preparado, los gendarmes se secreteaban mucho, al salir me pusieron el pie y me tropecé encima del fiscal y luego el fiscal me dio un golpe de puño en la boca y, al ver esto, la familia se lanzó sobre ellos”. El tribunal temuquense de garantía consideró a estos mapuche “un peligro para la sociedad”, decretando para algunos prisión preventiva y para otros, como Mercedes Paillalef la madre de Juana, medidas cautelares que les impedían visitar a sus familiares en la cárcel.

Piden cinco años de prisión
El 31 de julio de este año, Sergio Moya, Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Temuco, dio a conocer la acusación tras el cierre de la investigación de estos hechos. El Fiscal retiró ese día los cargos presentados contra la madre de la lonko, Mercedes Paillalef -70 años de edad- que había sido formalizada y objeto de medidas cautelares y también declinó acusar a Juana Calfunao de amenazas a la autoridad. Sin embargo mantuvo –entre otros- el cargo de atentado a la autoridad, pidiendo 5 años de prisión no remitida para la lonko, que en el proceso es presentada como “dueña de casa”, desconociendo la justicia chilena su condición de autoridad tradicional mapuche. Antonio Cadin, pareja de Juana, su hermana Luisa Calfunao, y Jorge Landero Calfunao, hijo de Juana, son acusados no sólo de atentar contra la autoridad sino también de inferir “lesiones menos graves” a funcionarios públicos presentes y destruir el expediente del proceso. El conjunto de penas que se piden para Antonio Cadin supera los 17 años, por considerársele reincidente. La pena solicitada para Luisa Calfunao y Jorge Landero es de tres años, y lo mismo se pide para el resto de los acusados: Ernesto Lincopan, Juan Carlos Garrido Lincoyan, Fernando Braulio Lincopan, Víctor Guíñez Hernández, Gloria Romero Cheuquepil, Carolina Landero Calfunao (hija de Juana Calfunao) y Roknelia Neculman Calfunao (hija de Luisa Calfunao). Los once acusados mapuche deberían además pagar multas por los daños reportados por el tribunal, avaluados en poco más de $700.000 y también las costas del juicio.

Si el Tribunal Constitucional falla en contra del recurso de inaplicabilidad, el proceso seguirá su curso normal y durante agosto se dará a conocer la fecha del juicio oral contra la lonko Juana Calfunao y los diez restantes mapuche involucrados en el incidente.

Los hechos según Moya
La relación de los incidentes presentada en la acusación del fiscal Moya será refrendada por videos y fotografías. El asegura que la lonko Calfunao tomó el completo control del tribunal ese día 15 de noviembre de 2006. Su acusación indica: “La imputada arremetió amenazando y escupiendo en contra del fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Temuco Mauricio Torres Contreras, quien junto al fiscal Luis Torres Gutiérrez sostenían la acción penal en su contra. A dicha agresión se sumó la totalidad de los acusados ….que con violencia procedieron a agredir y reducir por la fuerza la actuación de los funcionarios de Gendarmería de Chile y seguridad privada del Tribunal, …quienes intentaron detener la agresiión dirigida a los fiscales.”
La cinematográfica narración del fiscal Moya continúa en los siguientes términos: “El acusado Jorge Landeros Calfunao aprovechó el tumulto para agredir con un golpe de puño en el rostro al fiscal Mauricio Torres Contreras, quien a continuación fue agredido con golpes por el acusado Antonio Cadin Huentelao quien portaba un objeto contundente”. El fiscal no explica cómo un preso llevado a audiencia pudo portar tal objeto, que tampoco es descrito. Pero ni en las fotos ni el video revisado por la defensa hay evidencia de la supuesta agresión de Antonio Cadin al Fiscal Torres.
Continúa el relato afirmando que Luisa Ana Calfunao Paillalef “redujo por la espalda al fiscal Luis Torres Gutierrez propinándole múltiples golpes de puño por la espalda y tirones de pelo” y sostiene que los acusados dañaron un escritorio, vasos de vidrio, el sistema de audio y grabación, un mouse, un teclado de computador y un proyector multimedia. Agrega finalmente quizás el párrafo más impactante para un tribunal:
“Una vez ocurrido todo lo expuesto y con el control total de la sala de audiencia por parte de los acusados, la imputada Juana Calfunao Paillef procedió a sustraer la carpeta de investigación RUC 0600004613-0 que contenía todos los antecedentes de la investigación seguida en su contra por el delito de desórdenes públicos que fue objeto del juicio simplificado en la sala 2B del Tribunal de Garantía de Temuco, procediendo a desarmarla y distribuir sus partes con los coimputados, a continuación de lo cual comenzaron a destruirla arrojando sus restos en la sala de audiencia, en los pasillos del Tribunal y posteriormente en la vía pública”.
El Fiscal Moya posiblemente ignora que la comunidad Juan Paillalef tiene una larga historia de denegación de justicia y cuando decidió movilizarse para defender su territorio, ha sido en cambio duramente reprimida. Si sólo nos remontamos a los últimos diez años, han presentado nueve querellas sin resultado positivo. En 1999, en el Primer Juzgado Civil por demarcación y cierre de tierras. Ese mismo año, en el 2º Juzgado del Crimen por el primer incendio de la casa familiar. El año 2000, en el 2º juzgado Civil de Temuco, una demanda contra Frontel, por postación ilegal en su territorio. Ese mismo año, una querella criminal contra grupo paramilitar. El 2001, una demanda en la Fiscalía militar por torturas con resultado de aborto sufrido por Juana Calfunao. Los carabineros no fueron condenados pero sí lo fue Juana, por agresión a la autoridad. En 2004, se interpuso otra querella por el incendio de la casa de la lonko y la muerte de un anciano a raíz del hecho. El 2005, una nueva denuncia ante el ministerio público a raíz del tercer incendio de la casa habitación de la lonko y su familia. En 2006, se interpone una nueva denuncia por tortura, violencia, secuestro y allanamiento ilegal de la comunidad. Finalmente, en junio de 2007 se interpuso una querella por torturas a Waikilaf Cadín en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
Fiscales y autoridad pública
En el recurso que está examinando el Tribunal Constitucional se sostiene, por otra parte que el término “autoridad” no siempre es equivalente al de “funcionario público”, pues este último no siempre está dotado del mismo “poder de decisión o de mando dentro de un ámbito de competencia propio” que la autoridad.

La defensa también sostiene que en este caso se han vulnerado los principios de igualdad ante la ley, de igualdad ante la justicia y se ha afectado los derechos de estas personas en su esencia. Se cita también los términos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, firmada por Chile en 1991, referidos a estos principios.

El abogado Morales defendió también a los miembros de la comunidad Juan Paillalef en el juicio oral realizado a fines de junio, obteniendo la absolución para la mayoría de los cargos presentados contra los comuneros por el propio fiscal Cristián Paredes, con el que vuelve a enfrentarse en esta oportunidad. Ha ganado anteriormente una causa por injurias y calumnas interpuesta por el comunero mapuche José Cariqueo en contra del gerente de Forestal Mininco, Hernán Rodríguez Wilson, con sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco. Sin embargo a petición de la defensa del ejecutivo, la audiencia de excusas que debía realizarse el 30 de julio, fue postergada para el próximo 29 de agosto, en medio de intensas presiones ejercidas por allegados a Mininco para evitar la comparecencia de testigos a favor del comunero de la comunidad José Guiñón, ubicada en la comuna de Ercilla.

El fiscal Piedrabuena
El razonamiento planteado en el recurso de inaplicabilidad acerca de la no inclusión de los fiscales como autoridades, es compartido nada menos que por el Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena. En la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2007, http://www.camara.cl/diario/noticia.asp?vid=23998 el alto funcionario solicitó se agilice la legislación adecuada para sancionar las conductas que atentan contra la seguridad de los fiscales del ministerio público. “En ese sentido, solicitó que los fiscales se incluyan en el listado de autoridades del Código Penal que pueden ser objeto de desacato”, se puede leer en la web de la Cámara. La Sala aprobó en esa oportunidad un proyecto de acuerdo que solicita medidas para mejorar la seguridad de los fiscales del Ministerio Público.

Racismo y discriminación
Sobre la percepción que los miembros de la comunidad Juan Paillalef tienen sobre la justicia, es ilustrativo citar un texto de una carta abierta hecha llegar recientemente desde la Cárcel de Alta Seguridad por Waikilaf Cadín Calfunao luego de concluído el juicio oral al que fue sometido a comienzos de julio:
“¿Quién entiende el Chile de hoy? Las portadas de la prensa, la clase política y la sociedad en su conjunto critican la mano blanda de los jueces por otorgar libertad como medida cautelar a reos sociales de altísima peligrosidad. Muchos de ellos se han fugado inclusive al extranjero…Hay un alto índice de delincuencia en Chile que crece y asola al país. Sin embargo a mí, que soy mapuche, estudiante de derecho, sin antecedentes policiales, se me negó el derecho a esperar el juicio oral en libertad ¿qué nombre se le puede dar a esa actitud de los tribunales chilenos sino racismo y Discriminación? Actualmente sigo recluido en la sección de máxima seguridad, con el mismo régimen de castigo desde que llegué el 17 de octubre del 2006. Aún me faltan unos meses para concluir la condena de 500 días sin beneficios que se me impuso. Se supone que una condena de 3 años por delitos mucho más graves puede ser remitida. ¿ Por qué al mapuche no se le aplica el principio de igualdad ante la ley?. Ni siquiera se me permite acceso a la biblioteca, ni a libros. A pesar de la recomendación médica, cuando lo he solicitado por conducto regular se me ha negado.”

Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió denuncia de Patricia Troncoso y mapuches por caso Poluco Pidenco

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de finalizar en Washington su 128º período de sesiones, publicó el informe 32/07 por el cual acepta investigar las violaciones a los derechos humanos denunciadas por Patricia Troncoso (en la foto), los hermanos Juan Patricio y Florencio Marileo Saravia, Juan Huenulao, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican. Ellos cumplen prisión efectiva de diez años y un día luego de ser condenados en agosto de 2004, como autores de "incendio terrorista" del fundo Poluco-Pidenco de Forestal Mininco. En el informe http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/chile.42905.sp.htm se desvirtúan los argumentos del gobierno chileno consultado respecto de la presentación, señalándose que el caso fue admitido a examen, habiéndose entregado dentro de los plazos establecidos y cumpliéndose todos los requisitos: se trata de personas que tienen derecho a reclamar, en materias susceptibles de ser investigadas, y se recuerda que dentro del procedimiento previo a la admisión de la petición de Patricia Troncoso, Patricio Marileo y otros, se pidió al gobierno chileno informarle sobre los pasos que diera luego del término de la huelga de hambre de los afectados. La Comisión relata que no hubo respuesta del gobierno y da por iniciada la investigación de las violaciones a los artículos 8, 2 y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita por Chile en 1990. El caso será incluido en el informe anual a la asamblea de la OEA. Los presos mapuche sostienen que la sentencia condenatoria que se dictó en su contra es el resultado de una pluralidad de atentados a sus derechos humanos, los cuales se produjeron durante el proceso de investigación y durante el juicio como también en la revisión del fallo ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
Hay que recordar que en este caso además del Estado de Chile representado por la Gobernación de Malleco y el Ministerio Público, actuó como parte querellante la Forestal Mininco. A través del informe de la CIDDHH los latinoamericanos podrán enterarse de que el juez Orlando Alvarez no es el único que copia sentencias de otro colega. Los peticionarios informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el fallo dictado, en cuanto se refiere a la calificación de terrorista del incendio materia del juicio, "es la copia exacta e integra del fallo dictado por el mismo Tribunal, hace más de un año en contra de los señores Pascual Pichun, Aniceto Norin Catriman y Patricia Roxana Troncoso Robles". Agregan que los jueces tenían una opinión preconcebida sobre el fondo de esa discusión. Integraron en esa oportunidad el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Angol, Luis Sarmiento Luarte (presidente de la sala) Georgina Solís Morgado y Waldemar Augusto Koch Salazar. Este último fue el redactor del fallo, es decir quien llevó adelante la misma criticada práctica de copy-paste del juez Alvarez en el caso Fujimori. Sólo que en el caso de los mapuche nadie dijo nada.
Más adelante la Comisión se enterará que otros jueces, escuchando los mismos argumentos y "pruebas" por las que fueron condenados estos prisioneros,
declararon inocente de ese delito a José Cariqueo, quien fue juzgado posteriormente pues a la fecha del citado juicio oral, la policía no lograba aún detenerlo. Forestal Mininco despliega en estos días todo su poder de presión para evitar cumplir lo que le ordenó la Corte de Apelaciones de Temuco: pedir excusas al comunero mapuche por llamarlo terrorista. Logró postergar la audiencia un mes más, ya que estaba fijada para el 30 de julio.
Y la Presidenta Bachelet que en Europa negó que en Chile hubiera presos polítos mapuche y se presentó como defensora de los derechos humanos, ¿qué argumentos usará ante este organismo internacional de derechos humanos? Testigos pagados por la fiscalía, algunos de ellos modificando sus declaraciones iniciales, reconocimientos en audiencias forzados por la revisión previa de fotografías de los imputados, o reunión de testigos en una cabaña de la ciudad de Lautaro con funcionarios del Ministerio Público y efectivos policiales son algunos de los hechos denunciados que no fueron considerados por el tribunal, que argumentó que sólo se basaba en lo que se estaba planteando "en la inmediatez" del juicio.
Una vez más, desde fuera de Chile llegan las reconvenciones sobre violaciones a los derechos humanos de sectores del pueblo mapuche. Pero en la Moneda, por ahora, no se oye padre.